domingo, 13 de enero de 2013

El Infame Silencio de los Sindicatos (I)

Como he comentado en la entrada inmediatamente anterior de este blog, la Sala sexta del TJUE dictó un auto con fecha de 9 de febrero de 2012 en el que reconocía el derecho al cobro de sexenios a una interina al servicio de la Consejería de Educación de Castilla y León [vaya, de paso, para los castellano-leoneses (y los manchegos) la enhorabuena por su modelo de concurso de traslados que ya quisiéramos para nosotros, las y los docentes andaluces].

En dicho auto el tribunal europeo declara en SITUACIÓN COMPARABLE a funcionarios DOCENTES interinos y de carrera basándose en que tanto unos como otros ejercen funciones similares, están sometidos a iguales obligaciones y para nada se les exige diferentes cualificación académica o experiencia. Y como consecuencia inmediata de esa similitud, el TJUE responde a la cuestión prejudicial reconociendo el derecho de la interina litigante al cobro de sexenios.

Quiero volver a subrayar que, para la causa que aquí nos ocupa, esto es, la baremación en concurso de traslados de la antigüedad en el Cuerpo como funcionario interino, lo importante no es que se reconozca el derecho de la interina a los sexenios, evidentemente, sino el hecho de que el tribunal europeo, para llegar a esa conclusión, dictamine la situación comparable entre funcionarios docentes interinos y de carrera allá donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin embargo, en repetidas sentencias y por sus propios "atenores", observó diferencias tales que obligaban a rechazar no solo la identidad sino la similitud entre unos y otros. ¡Toma ya!

Desde aquí, a todas y todos quienes tengáis la vista de vuestro contencioso pendiente, OS ANIMO a invocar estos párrafos ante el tribunal que entienda vuestro caso. ¿Sería (im)procedente? ¿Serviría de algo? Quizá la Justicia tenga razones que la Razón no entiende. Pero lo que es seguro es que aquí hay dos cuestiones: la judicial y la política.

LA CUESTIÓN JUDICIAL está por ver. Tanto en el qué como en el cómo... y hasta en el cuándo. Yo ya la he perdido de antemano por un error que no admite subsanación. Sí, lástima :-D Pero esta historia va a traer cola. Al tiempo. En cualquier caso, quienes tenéis aún viva la vía judicial, no debéis perder la ocasión de añadir a vuestros fundamentos los dos párrafos que nos aporta la sala sexta del propio TJCE.

LA CUESTIÓN POLÍTICA, sin embargo, es la que más debe sublevarnos, con diferencia. La responsabilidad de TODAS las administraciones educativas, de los gobiernos y de los partidos políticos nacionales de este, ese y aquel color, por la completa inacción respecto a la obligación que tenían de transponer o de instar a transponer la Directiva europea en 2001, a lo más tardar. Hace ya doce años.

Aún así, más indignante que la inacción de estos resulta el INFAME silencio de los SINDICATOS*, esos que dicen representarnos y que, conociendo el valor de fondo del texto del auto europeo respecto a los concursos de traslados, siguen callados.

Tras un mes de bombardeo con este asunto que de sobra conocen, no dicen ni mu. No lo han dicho desde que tienen constancia de la sentencia castellano-leonesa, que ya era noticia en el diario El Mundo en marzo de 2012.

¿Todavía creéis que la prioridad de estos sindicatos* OBSOLETOS va más allá de su propio interés? NO NOS REPRESENTAN. Se desvelan por el mantenimiento de la "marca comercial" --con poco tino, por cierto-- y no dudan en dejar en la estacada a quienes sea necesario; en este caso, a los justos beneficiarios de una doctrina cuya definitiva aplicación eluden. Preguntadles por qué no se han personado como sindicato ante los tribunales por este motivo. Estamos esperando. Aunque, si de responsabilidad política hablamos ahora, lo que tendrán que explicar no es por qué no acuden como sindicatos a los juzgados sino por qué llevan 12 años silbando y mirando hacia otro lado en vez de, apelando a la unidad sindical, presionar como uno solo por la aplicación de la doctrina europea para tan solo hacer justicia.

"Toda dominación social está basada en la gestión de la asimetría de la información". Y en eso están aquellos a quienes confiamos ingenuamente nuestro voto. Creo firmemente que publicitar esos dos párrafos OBLIGA desde ya a Administración y sindicatos* a hacer valer la antigüedad como funcionarios interinos en el concurso de traslados porque somos ahora más conscientes de NUESTRO DERECHO, que es SU OBLIGACIÓN. Ejerzámoslo. Reclamémoslo. Difundidlo.

A continuación un vídeo donde se evidencia la soledad en la que este blog publica el texto de la sentencia, texto que solo se halla en la web europea donde me la encuentro y en dos portales jurídicos más. ¿Y los sindicatos*? Ya lo dijo aquel: "Una cosa es ser representantes y otra muy distinta ser representantivos".






(*) Donde dice sindicatos léase aquellos sindicatos mayoritarios que, teniendo representación en Mesa Sectorial, actúan de forma opaca, manejan de forma asimétrica información privilegiada y toman decisiones de espaldas a su afiliación, a menudo contra ella; también los que se definen como asamblearios porque, en puridad, no lo son cuando bajo una somera capa de fingida horizontalidad incurren en los mismos vicios que los demás pero de peor manera: contra los principios que declaran y contra sus estatutos. 


Otro Concurso Es Posible

viernes, 4 de enero de 2013

El Tribunal Europeo equipara funcionarios interinos y de carrera

Por favor, enviad a todos vuestros contactos esta noticia. La información es poder. La información la tienen Administración y Organizaciones Sindicales (OOSS). Luego, el poder lo tienen Administración y OOSS. Hay que contrarrestar el infame silencio con el que pretenden mantener enterrada esta verdad.

Porque lo que viene a continuación lo sabían y lo saben perfectamente: que el tiempo de servicio como interino en Educación ha de computarse, a efectos de antigüedad en el Cuerpo, en baremo de concurso de traslados del personal docente.

Me explico:

Buscando en Internet, días atrás, recopilé sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que citaran la Directiva 1999/70/CE. Uno de los resultados que obtuve fue el del auto de 9 de febrero de 2012 de ese órgano judicial sobre una petición prejudicial que le planteaba un tribunal español y la cuestión de fondo era la de razonar, conforme a la jurisprudencia europea, la procedencia de la percepción de sexenios por una docente interina dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El dictamen del TJUE no tiene desperdicio. Y a pesar de que la cuestión de fondo no se refiere a nuestros concursos de traslados, la importancia de la sentencia a este respecto es definitiva, en concreto los apartados 45 y 46 en los que se dice:

"Sin embargo, en el litigio principal no se desprende del auto de remisión que el ejercicio de las funciones docentes por parte de los profesores que tienen la condición de funcionarios de carrera y de los profesores funcionarios interinos exija unas cualificaciones académicas o una experiencia distintas. Antes al contrario, se desprende de dicho auto que ejercen funciones similares y están sometidos a las mismas obligaciones, en particular en materia de formación permanente.
Por consiguiente, sobre la base de las informaciones proporcionadas al Tribunal de Justicia por el juez remitente, y habida cuenta de la definición del concepto de trabajador con contrato de duración indefinida comparable recogido en la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco, se advierte que los funcionarios interinos del cuerpo docente no universitario que prestan servicios para la Comunidad Autónoma de Castilla y León se hallan en una situación comparable (véase, por analogía, el auto Montoya Medina, antes citado, apartado 39)".
¿Dónde está la relevancia de estos dos párrafos?

Pues en que (1) un posible demandante servidor de ustedes deja de estar a merced de la antojadiza concesión de cuestión prejudicial del tribunal nacional de turno el TSJA se negó en su momento. Ya no es necesario porque el TJUE ya se ha expresado en el citado auto.

Pero es que además (2) el TJUE, en esos dos párrafos, desmonta totalmente la sesgada y subjetiva cuando no ofensiva línea argumental con que se despacha el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) en repetidas sentencias (copia-pega), a lo largo de 2011 y 2012, para no aplicar el mismo tratamiento al tiempo de servicio como funcionario interino y como funcionario de carrera a efectos de cómputo de antigüedad en el Cuerpo baremado en concurso general de traslados. 

A mayor abundamiento, (3) esos párrafos del tribunal europeo suponen, en sí mismos, el criterio de referencia para la interpretación correcta de los términos sobre los que ha de establecerse la declaración de situación comparable en virtud de la aplicación de la igualdad de trato que deriva del principio de no discriminación que garantiza la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, lo que como muy poco obliga al tribunal nacional a la petición de decisión prejudicial si no al acatamiento de lo sentenciado en esos dos benditos párrafos.

Para poder dimensionar hasta qué punto el TJUE contradice al TSJA comparemos los dos párrafos anteriores del auto europeo con la sorprendente fundamentación del tribunal andaluz en los apartados segundo a cuarto de los antecedentes de derecho de la sentencia más prolija, la del TSJA de Granada (que, recordémoslo, está ajustada al ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía y no a Educación) y veamos cómo queda completamente desmontada, contradicha y superada por la Sala sexta del TJUE, dentro del ámbito de la Educación Pública no universitaria.

En resumen, la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, sobre apelación, dictamina:
Que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes.
Que para establecer la comparación hay que tener en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña.
Que a consecuencia del caso Rosado Santana, el Gobierno español invocó la existencia de diferencias entre funcionarios interinos y de carrera que a su juicio justificaban una diferencia de trato, subrayando en primer lugar el hecho de que se les imponía menores exigencias en la incorporación y la acreditación del mérito y la capacidad y a este respecto la Abogado General (¿europea?) señaló que "determinadas diferencias alegadas por el Gobierno español relativas al nombramiento de los funcionarios interinos y de carrera, a las cualificaciones requeridas..." "...pueden en principio, justificar una diferencia de trato en cuanto a condiciones de trabajo", formando parte de las mismas la antigüedad.
Que por tanto, una diferencia de trato únicamente queda justificada si se dan situaciones no comparables y si tal posibilidad se admite en atención a las citadas circunstancias es porque a tales efectos las exigencias de incorporación y consecuente nombramiento se habrían de considerar residenciadas en el ámbito de la "cualificación" ya referida, como parámetro que impediría reconocer la "situación comparable" por ser la diferencia entre tales exigencias de tal grado que se debiera rechazar, no solo la identidad a la que se alude sino también la similitud como presupuesto de la llamada "situación comparable".

Por todo ello, el TSJA, entrando al fondo del asunto, rechaza, para sorpresa de propios y extraños, la legalidad de lo que es pauta en el resto del Estado, en el ámbito de la Administración Pública: el cómputo del tiempo de servicio como interino en los concursos de traslados. A lo cual, ya conocéis la respuesta del TJUE, ciñéndose al ámbito de la Educación.

Ahora tenemos más cerca que nunca la posibilidad real de que se compute el tiempo de servicio como interino a efectos de antigüedad en el concurso de traslados del personal docente al servicio de la Administración Educativa. Desgraciadamente, estos argumentos no le bastarán a la Administración que guiada por criterios políticos y no técnicos, impondrá su capacidad ejecutiva... hasta donde la instancia judicial se lo permita, claro está.

Debería ser motivo de honda indignación que la Justicia sea lo último para tanta, para demasiada gente.

Al principio de esta entrada me refería al sobrado conocimiento que tanto Administración como sindicatos más representativos tienen de este asunto. El silencio que guardan es tan inmoral e indigno como indignante es que no se haga justicia bajo la mala y falsa excusa de que ello beneficia a unos y perjudica a otros. Como si ahora no hubiera perjudicados: nosotros, aquellos a quienes se nos ignora tantos años de trabajo, esfuerzo y sacrificios al servicio de la Administración Educativa contra una jurisprudencia europea que desde 2001 deberían haber transpuesto, que no se ha hecho, y deberían estar cumpliendo, que qué vamos a contar ya.



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