martes, 30 de julio de 2013

Más Razones Para Baremar la Interinidad

Frente a todos los fundamentos de derecho que venimos exponiendo en este blog por la baremación del tiempo de interino en concurso de traslados, una GRAN SORPRESA viene aquí y ahora. Como siempre, esa sorpresa es solo para nosotros, los ignorantes. Porque no habrá ya nadie, a estas alturas, que no tenga la convicción moral de que tanto los silentes sindicatos, los más representativos del sector de Educación, como la renuente Administración educativa saben sobradamente de la obligación ineludible de baremar el tiempo de interino en concurso de traslados, a pesar de lo cual guardan un extrañísimo e injustificado silencio. ¿Por qué?

LA BOMBA H

Recientemente, Otro Concurso Es Posible ha tenido conocimiento del gigantesco revolcón que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJAs) le dio, en 2009, a la Administración ─en esa ocasión a la de la Sanidad de Asturias (SESPA)─ cuando en concurso de traslados autonómico forzó a ésta, tras sentencia firme, a baremar el tiempo de servicio del personal estatutario que hubiera ejercido previamente como personal laboral.

Dicha sentencia, de aplicación (mutatis mutandis) a nuestra causa, discurre en los siguientes términos:
"(...) lo que la convocatoria [del concurso de traslados recurrido] hace es tomar en consideración criterios de valoración que introducen discriminaciones constitucionalmente proscritas por menoscabar el principio de igualdad, mérito y capacidad y discriminar el hecho de que los servicios se hayan prestado con carácter fijo o temporal cuando el contenido material y sustantivo de las funciones -contenido funcional del puesto- no difiere en ambos casos, sin que en ello pueda incidir en modo alguno, para justificar la diferencia valorativa, el conocimiento demostrado por quienes han accedido a un vínculo fijo ya que no es ello lo que se pretende valorar con el mérito fijado en la convocatoria. Tampoco puede admitirse que los criterios de valoración de la convocatoria permitan una mayor eficacia en la organización y prestación de los servicios o persigan la satisfacción de cualquier otro bien jurídico constitucionalmente protegido; así no cabe admitir que lo pretendido por la Administración (...) sea evitar un tratamiento desigual o desproporcionado de los respectivos méritos en los baremos aplicables en el concurso, tomando en cuenta el esfuerzo, experiencia y conocimientos que uno y otro mérito comportan, de modo que sea posible diferenciar los servicios prestados (...) en función de la dificultad y preparación técnica exigibles para su desempeño con vínculo permanente o temporal (...).
Entendemos así que no cabe apreciar una razón objetiva que justifique la diferente valoración de los servicios prestados que contiene la Base en el Anexo (...)."
En resumidas cuentas, incluso en España, el tiempo de servicio anterior al nombramiento como funcionario de carrera le computa, en concursos de traslados, hasta al Potito. Pero si lo que quieren los tribunales son sentencias, añadan al cesto la de arriba (los de Educación debemos ser los más mansos y mansas, tontos y tontas, de entre todo el funcionariado). Lo que ponemos, urgentemente, en conocimiento de SIEP para su valoración. Nos referimos a la sentencia. Porque de nuestra particular idiosincrasia gremial hay poco que no expliquen los hechos, con luminosa elocuencia.

RECAPITULANDO

El 4 de enero de 2013, publicábamos en este blog una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la que se extraía que, para la más alta instancia judicial europea, los funcionarios interinos y de carrera de los cuerpos docentes del ámbito nacional español se hayan en situación comparable, lo que dejaba muy tocada la doctrina que hasta la fecha venía sosteniendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ya entonces nos extrañaba el estruendoso silencio de sindicatos y Administración. Ahora, aún más.

El 21 de mayo de 2013, Otro Concurso Es Posible mostraba su reconocimiento al SIEP, organización que había ganado una sentencia que anulaba parcialmente el baremo del concurso de traslados andaluz de enero de 2012 convirtiéndose en el único sindicato andaluz del sector de la Enseñanza ─que nos conste─ que había recurrido como tal la convocatoria de concurso de traslados, consiguiendo un fallo que anulaba los (sub)apartados del baremo que ignoraban el tiempo de servicio ejercido en calidad de funcionario interino. El razonamiento de la jueza, desde la más ajustada interpretación del ordenamiento jurídico europeo, es todo un rapapolvo a las Administraciones educativas andaluza y nacional; reprensión la de la jueza en la que, además, nos obsequia con algún modélico antecedente nacional de concurso de traslados.

El 29 de junio, dábamos a conocer, esta vez del territorio extremeño, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) que, radicando sus fundamentos de derecho en jurisprudencia europea sobrevenida, hacía firme la sentencia del juzgado pacense que en primera instancia reconocía el derecho de la funcionaria recurrente, docente de esa Comunidad Autónoma, a que se le baremase el tiempo de servicio que ejerció como funcionaria interina en el apartado de antigüedad en el Cuerpo. Que ese tiempo de interina le vaya a contar a ella y solo a ella en el próximo concurso de traslados de Extremadura es, por cierto, consecuencia del indigno y cobarde posicionamiento de los sindicatos más representativos, a quienes deseamos el bien merecido mismo destino que el de la falsa madre de la leyenda salomónica.

A fecha de 10 de julio, publicábamos que el apoyo de Otro Concurso Es Posible a SIEP no se limitaba al aplauso sino que, ante la imposibilidad de personarnos en esa causa en el preciso momento procesal en que se hallaba, con el propósito de apuntalar la defensa de esa sentencia, poníamos en conocimiento de SIEP algunos argumentos que ─consideramos─ complementan los de la jueza. Aún a 17 de julio, de soslayo, añadíamos un argumento más que sumar a los aportados en la entrada inmediatamente anterior, referente a la inobservancia nacional de la interpretación más benigna posible que la Directiva 1999/70/CE prescribe respecto a su propio contenido: la restrictiva y artificiosa limitación del reconocimiento de sexenios, como antigüedad computable a interinos, a los efectos meramente pecuniarios.

Y a fecha de hoy, ahora, el triple mortal hacia atrás, a la pata coja, con los ojos vendados y una mano a la espalda: la sentencia del TSJAs, de la que no haremos más comentarios porque, a pesar de todo, se nos antoja cargada de un veneno del que, como con tantas otras ponzoñas, un efecto sanador solo se procura bien ajustada la dosis.

En todo caso, está más que justificada la baremación del tiempo de interino en concurso de traslados de maestros, que es decir concurso de traslados de profesores de la Educación Pública no universitaria en España. Solo queda esperar que cualquiera de los torpedos haga blanco lo antes posible.



Otro Concurso Es Posible (como en CLM, CyL, Aragón, Extremadura, Asturias...)

miércoles, 17 de julio de 2013

SIEP y PIDE: Una pica en Flandes

"Especie en extinción" - BBC News
Un anónimo/a preguntaba en los comentarios de este blog, en la entrada anterior, sobre la posible fecha para una sentencia firme en Andalucía, entendemos sobre la baremación del tiempo de interino en el concurso de traslados.

La cosa es más complicada de lo que parece y posiblemente sea aún más enrevesada de lo que sabemos en Otro Concurso Es Posible.

A día de hoy nos constan tres iniciativas judiciales; tres torpedos que, con distinto blanco, tienen el objetivo de ganar la misma batalla.

El primer torpedo lo habría lanzado PIDE (actualmente, Sindicato del Profesorado Extremeño). Recurrieron por vía judicial en recurso contencioso-administrativo la Orden ministerial que orquestaba los concursos de traslados en todas las Comunidades Autónomas. El asunto habría ido directamente a la Audiencia Nacional y allí sigue a la espera de una resolución del Juzgado donde haya sido turnada la causa. Este es el dardo más eficaz con efecto nacional. La sentencia de la Audiencia Nacional tendría efectos inmediatos sobre todo el territorio español y afectaría al concurso de traslados que aún no hubiera sido convocado o que habiendo sido convocado no se hubiera resuelto definitivamente, obligando a rebaremar. ¿Para cuándo la sentencia? El plazo varía bastante en función del togado sobre quien recaiga la responsabilidad de ejercer de ponente; unos van más al día que otros. PIDE debería manifestarse al respecto porque habrá hecho sus cálculos con suficiente conocimiento de causa.

El segundo torpedo del que tenemos constancia se lanzó también desde Extremadura. Es más reciente. Se trata de una iniciativa particular y tiene un curso mucho más laberíntico. En este momento procesal la causa está inmersa en ciertos contratiempos competenciales. Una sentencia en primera instancia no llegaría antes de unos seis u ocho meses y tendría efectos solo sobre la convocatoria extremeña. Eso sí, quizá la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura no la recurriese ante su correspondiente TSJ dado que allí ya existe una sentencia firme que, sin tener efectos erga omnes (frente a todos), aclara la doctrina del TSJE. O quizá sí, por no ser esa sentencia suficiente para sentar jurisprudencia. En cualquier caso, una vez firme, se remitiría a la Audiencia Nacional si aún no hay sentencia de este tribunal a consecuencia del torpedo de PIDE─ y solo tras el fallo en Madrid se haría extensible a todas las Comunidades Autónomas. Es el camino más largo e intrincado del que tenemos constancia.

El tercer torpedo es el que lanzó SIEP. Los andaluces ya tenemos una sentencia de un juzgado de Sevilla que reconoce el derecho a la baremación del tiempo de interino en concurso de traslados y tal como exponíamos en una entrada anterior la causa ha sido turnada a la sala tercera del TSJA. Aunque los plazos para resolver vienen siendo también variables por razones similares a las expuestas para la Audiencia Nacional, podríamos tener sentencia firme en Andalucía muy pronto. Es bastante probable que este torpedo haga blanco antes de que pase de largo el convoy naval de todas las convocatorias autonómicas de un concurso de traslados que en Andalucía arrancaría, previsiblemente, en octubre de este año.

En resumidas cuentas, a la Consejería de Educación de Andalucía le espera, en el mejor de los casos, un Pearl Harbor. Aún peor para todos sería que les alcanzara la andanada en alta mar, mediado el concurso de traslados, con un baremo que decayera por sentencia judicial firme en el momento más inoportuno, volviendo a dejar en evidencia, una vez más, el pastel español.

Por supuesto, estamos dando por hecho que el fallo del TSJA confirmará la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla. A nosotros no nos cabe duda alguna sobre la correcta interpretación de la doctrina comunitaria a la que ya vienen a auxiliar, en la jurisdicción nacional y que sepamos, la referida sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o el fallo de la jueza del Contencioso número 14 de Sevilla, ambas sentencias ajustadas al ámbito de la función docente y asentando una realidad indiscutible: las plazas las ocupan, indistintamente, funcionarios interinos y de carrera, para cumplir idénticas funciones, con las mismas obligaciones pero no con los mismos derechos, en claro perjuicio de quienes ejercieron y/o ejercen como interinos. Cúmplase, de una vez por todas, con el ordenamiento jurídico comunitario para valorar en concurso de traslados ese trabajo como ya se hace con los trienios y con los sexenios.

Respecto a los sexenios, por cierto, habría algo que añadir a lo remitido a SIEP en cuanto a la lectura claramente restrictiva que hace la jurisprudencia española al limitar el reconocimiento de este complemento a efectos meramente pecuniarios para el personal interino: la meridiana oposición nacional a la interpretación más beneficiosa que la propia Directiva 1999/70/CE prescribe respecto de su propio contenido.

No podemos cerrar esta entrada del blog sin haceros reparar en la enorme diferencia cualitativa de la sentencia de SIEP o la causa de PIDE frente a la sentencia extremeña porque es lo que marca la inconmensurable distancia entre estos dos sindicatos y los mal llamados "sindicatos representativos" (*). La sentencia del TSJE hará que a una señora con la suerte de tener un buen abogado cerca, a esa sola compañera docente, le baremen muy legítimamente, desde luego que sí su tiempo de interina en el próximo concurso de traslados extremeño. Enhorabuena. Pero a ella y a nadie más, en flagrante agravio al resto de compañeros y compañeras que concurrirán a esa convocatoria con un tiempo de interino que no se les va a reconocer. Esa es la cobarde e infame estrategia que han elegido como poco en el sector de la Educación CSI-F, CCOO, USTEA (STEs), UGT y ANPE, principalmente: ofrecer un abogado a quien lo solicitara alguno ni eso, provocando más agravios comparativos entre los propios afectados, en vez de plantarse ante los tribunales como sindicato para reclamar justicia con todo un colectivo históricamente machacado. Esa es la nefanda defensa de los trabajadores y el ignominioso sentido de la equidad que entienden los "sindicatos representativos" (*).

Y de ahí la oportunidad de la leyenda de la ilustración de arriba que dirigimos a SIEP en Andalucía y PIDE en Extremadura, en señal de reconocimiento: "A dying breef (Una especie a extinguir)". Únicos en su especie.

(*) No puede hablarse, en puridad, de sindicatos representativos cuando lo único representativo es el mayoritario desprecio que suscitan en elecciones sindicales. En la Educación pública no universitaria andaluza, el voto a organizaciones sindicales en 2010 estuvo en el 44% del censo de votantes. El 56% no quiso saber nada de ninguno. ¿Qué esperarán esos "representativos" en las elecciones andaluzas de 2014? ¿Qué se merecen? ¿A quién representan?



Otro Concurso Es Posible

miércoles, 10 de julio de 2013

Ante el TSJA por la Sentencia Andaluza

Tras ser rechazado nuestro escrito de personación en la causa que tiene abierta el sindicato SIEP para la defensa ante el TSJA de la sentencia del juzgado de Sevilla que reconoce el derecho a que el tiempo como interino sea baremado en concurso de traslados, todo está en manos de este sindicato.

Como ya sabéis, nos pusimos en contacto con SIEP para compartirles el revelador auto del TJUE en el que se declaraba la situación comparable de funcionarios docentes, interinos y de carrera, nacionales.

Como quiera que la simple referencia a dicho auto resultaba parca y no reflejaba todos los fundamentos de derecho en los que reiteradas sentencias del TSJA se apoyaban para rechazar la baremación de la antigüedad como interino en concurso de traslados, nos ha parecido conveniente compartir nuevamente con SIEP, ahora más exhaustivamente, los razonamientos por los que Otro Concurso Es Posible se opone a la doctrina del TSJA en cuanto al asunto que nos ocupa y que seguidamente hacemos públicos en este blog.

No desaprovechamos la ocasión para agradecer a SIEP que siga haciendo buena la cita que ahora reproduzco y ajusto al ámbito andaluz:
"La diferencia que marca SIEP en Andalucía, sobre este asunto, es ABISMAL y deja bien patente la indecorosa cobardía de otras organizaciones sindicales; CSI-F, CCOO, USTEA, UGT y ANPE, principalmente. Mientras la indecente decisión de los sindicatos mayoritarios beneficiaba solo a las personas que recurrían y no resolvía nada al resto ni cambiaba nada ─esto es, no tenía efectos erga omnes─, el decidido gesto de SIEP sí que pone en solfa la normativa nacional y representa un firme avance hacia el definitivo reconocimiento del tiempo de servicio de interino a efectos de su baremación como antigüedad en el Cuerpo".
A continuación, el nuevo escrito a SIEP.

Estimados compañeros:

A la espera de que entre en plazo, me dirijo a vosotros nuevamente para (1) compartiros una posible oposición a la doctrina que el TSJA ha venido mostrando en causas similares a la que tenéis abierta y (2) completaros ciertos razonamientos añadidos a la invocación del auto del TJUE que declaraba la comparabilidad entre las situaciones de funcionarios docentes interinos y de carrera de Castilla y León, auto que os sugerí en ocasión anterior. 
RESPECTO A LA COMPARABILIDAD DE SITUACIONES
Razona la sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, sección tercera, del TSJA en rollo núm 819/2012, sentencia núm 3216 de 2012, que existe un distinto nivel de exigencia en lo relativo a la publicidad y méritos comparables entre nombramientos de funcionarios interinos y de carrera, menor en el caso de los funcionarios interinos en cuanto a la incorporación (o nombramiento) y a la cualificación requerida (o la acreditación del mérito y la capacidad), lo que implicaría una diferencia en la cualificación y en las tareas que se desempeña, considerando ello residenciado en el ámbito de la “cualificación” referida en el apartado 2 de la cláusula 3 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, parámetro que impediría reconocer la “situación comparable” por ser la diferencia entre tales exigencias de tal grado que se debería rechazar, no solo la identidad a la que alude la repetida cláusula 3, sino también la similitud como presupuesto de la llamada “situación comparable”.

En este apartado, cabe oponer al TSJA un doble razonamiento:

En primer lugar, por negación, hay que enfrentar al tribunal a su propio razonamiento. Está sobradamente asentado por la doctrina europea, y el mismo TSJA lo arguye, que para pronunciarse sobre si se da “situación comparable” ha de atenderse a la “existencia de elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes”.

Pues bien, es precisamente la alarmante falta de objetividad lo que señala el razonamiento del TSJA respecto a la diferente exigencia en cuanto a nombramiento y la acreditación del mérito y la capacidad. Y ello es así porque quienes superan un concurso oposición lo hacen a causa de una solemne arbitrariedad, ajena a cualquier criterio objetivo: el número de plazas que el ejecutivo dote en la Oferta Pública de Empleo. Es una completa arbitrariedad que el TSJA conceda al primer seleccionado de un concurso oposición la misma “cualificación” que al último, esto es, el máximo grado. Pero aún más arbitrario es concederle un grado de cualificación de ínfimo “incomparable” al primero de los no seleccionados en el mismo procedimiento de acceso al Cuerpo. Para el TSJA la diferente “cualificación” de uno y otro está basada no en un criterio objetivo sino en un criterio, subjetivo y ajeno a la cualificación, tan exótico y arbitrario como lo es el antojo del ejecutivo de turno en determinada coyuntura social, política y económica. Si el gobernante hubiera ofertado una plaza más ese inferiormente cualificado tendría la máxima cualificación.

Pero además, esta vez por afirmación, el TSJA parece ignorar que respecto a la “existencia de elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca”, ya se manifestó suficientemente la Sala Sexta del TJUE en un auto de 9 de febrero de 2012 de la Sala Sexta del TJUE, para el ámbito de la Educación pública española, cuyos párrafos 45 y 46 son del siguiente tenor:

(…) en el litigio principal no se desprende del auto de remisión que el ejercicio de las funciones docentes por parte de los profesores que tienen la condición de funcionarios de carrera y de los profesores funcionarios interinos exija unas cualificaciones académicas o una experiencia distintas. Antes al contrario, se desprende de dicho auto que ejercen funciones similares y están sometidos a las mismas obligaciones, en particular en materia de formación permanente. 
Por consiguiente, sobre la base de las informaciones proporcionadas al Tribunal de Justicia por el juez remitente, y habida cuenta de la definición del concepto de trabajador con contrato de duración indefinida comparable recogido en la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco, se advierte que los funcionarios interinos del cuerpo docente no universitario que prestan servicios para la Comunidad Autónoma de Castilla y León se hallan en una situación comparable (véase, por analogía, el auto Montoya Medina, antes citado, apartado 39).

Estos párrafos evidencian cuál es la correcta interpretación de la normativa europea (de la Directiva 1999/70/CE y los criterios para establecer la comparabilidad de situaciones en el ámbito de la Educación pública española, en concreto) y lo alejada que está la actual doctrina nacional del ordenamiento jurídico comunitario. Para el TJUE, la cualificación de docentes funcionarios interinos y de carrera es la misma; revise, por tanto, el tribunal que entiende la causa sus razonamientos y la doctrina que aplica, habida cuenta de la diametral oposición entre lo que mantiene y lo que aquí se le ofrece. Es más que evidente que el concepto de cualificación que fuerza la doctrina nacional en su particular constructo argumental no coincide con el que contempla y razona la doctrina europea. Para estos, la cualificación es la académica y parece estar mucho más objetivamente residenciada en la titulación académica que nos permite ejercer esos puestos que en cualquier otro arbitrario parecer.

Asentada la situación comparable de funcionarios interinos y de carrera de los cuerpos docentes nacionales por la incontestable instancia europea, se sigue que, en atención al principio de no discriminación de la cláusula 4 del Acuerdo marco citado y habida cuenta de que el propio TJUE establece que “el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables”, procedería la afirmación de la sentencia apelada.

RESPECTO A LA DOBLE VALORACIÓN DE MÉRITOS

Razona el TSJA (Sevilla, sección primera, en sentencia de 11 de diciembre de 2012, apelación 586/2012, recurso 94/12 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla) que “la antigüedad como interino ya fue valorada en el concurso-oposición de acceso a la condición de funcionario de carrera, por lo que supondría valorar doblemente este mérito en detrimento del funcionario de carrera, con clara vulneración del art. 23 de la Constitución”.

A lo anterior la oposición se basa en el artículo 37.2 de la Ley 6/1985 de Ordenación de la Administración de la Junta de Andalucía que establece que los procesos de promoción interna podrán llevarse a cabo, mediante convocatorias independientes de las de ingreso, como es nuestro caso. El hecho de que sean convocatorias independientes, más el hecho de que tengan causa en actos distintos para fines radicalmente diferentes hace incomprensible el concepto de “doble valoración”, concepto que, por demás, no tiene ajuste en la realidad de la función docente de la Administración Educativa, como se desprende de una lineal comparación de los baremos del histórico de las órdenes que convocan los procesos de selección de acceso a los Cuerpos docentes de la Educación Pública, de un lado, con el histórico de las órdenes que convocan los concursos de traslados de docentes en el ámbito autonómico y nacional. Los méritos no se consumen, se acumulan. Todos. Y se invocan primero en los procedimientos de ingreso y posteriormente en todas y cada una de las convocatorias de concurso de traslados.

Del Estatuto Básico del Empleado Público se desprende que tanto funcionarios interinos como de carrera son eso mismo, funcionarios, y que subsecuentemente, tanto el trabajo de unos como el de otros es antigüedad en el Cuerpo, extremo que me consta está asentado y cuyo fundamento en derecho dejo abierto a quien recibe de primera mano este documento para que, junto con todo lo anterior, quede suficientemente enfrentado el supuesto de la doble baremación.

RESPECTO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS MÉRITOS COMO FUNCIONARIO

En sentencia de 29 de junio de 2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Sevilla, a la vez que se usaba el argumento del apartado anterior se invocaba el que nos ocupa ahora, expresado de la siguiente forma:

“Por otra parte, la promoción interna está regulada en el Estatuto Básico como un derecho de progresión de la carrera de los funcionarios, por lo que los requisitos y los méritos exigen que se posean en esa condición de funcionario docente”.

A este criterio se le oponen argumentos semejantes a los que razonamos en el apartado anterior. En todo caso, la especificidad de los procedimientos de concurso de traslados, en cuanto que formando parte de los procesos de promoción interna difieren de ellos considerados de forma general, da lugar a que sea un hecho establecido que nuestros concursos de traslados tengan en cuenta, históricamente, los méritos perfeccionados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario docente. Un caso más sería el del tiempo de interino como antigüedad en el Cuerpo.

RESPECTO A LA LEGÍTIMA POLÍTICA EDUCATIVA DE INCENTIVAR A LOS DE CARRERA

Este es otro de los argumentos de la sentencia del apartado anterior. A ello hay que enfrentar que nadie se opone a la legítima política educativa que incentiva a los funcionarios de carrera valorando de manera significativa la experiencia desarrollada con la condición de funcionario de carrera y en puestos obtenidos y desempeñados con carácter definitivo. Lo que se pretende en esta causa es, reconocido lo inmediatamente anterior, sea reconocido también el derecho de los funcionarios de carrera a que sea valorada (no significativamente) la experiencia desarrollada con la condición de funcionario interino como en este documento se viene defendiendo y así se desprende del ordenamiento jurídico comunitario.

Con el deseo de que encuentre acogida en vuestra causa, que es la nuestra, y agradeciendo nueva e infinitamente la equidad de la que SIEP ha hecho gala en ese asunto, atentamente,



Pablo J. Verde Martínez
NRP 3052771957A0597
DNI 30527719-A

Otro Concurso Es Posible