jueves, 27 de febrero de 2014

Al Defensor del Pueblo

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz

En vísperas del 28-F Otro Concurso Es Posible no ve mejor forma de "santificar la fiesta andaluza" que invocando su Estatuto de Autonomía y depositando nuestra fe en sus instituciones. Ante el silencio de la Consejería y la burla de las organizaciones sindicales, celebramos el día de Andalucía dirigiendo al Defensor del Pueblo Andaluz una queja por el despiadado modelo de concurso de traslados que padecemos.

En nuestra QUEJA hacemos un repaso de los hechos de los que hemos venido informando en este blog; de los argumentos que hemos desgranado y de otros nuevos, fundamentados en derechos y deberes del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española de 1978 para retratar la gravedad de nuestra situación y la solidez de nuestras demandas por un concurso de traslados más justo y humano; así como de las soluciones que Comunidades Autónomas similares nos ofrecen.

En resumidas cuentas, nuestra queja al Defensor del Pueblo Andaluz EXPONE:

Los HECHOS


Que el RD 1364/2010 que regula en todo el territorio nacional las convocatorias de concurso de traslados, dispone que todo provisional habrá de obtener su primer destino definitivo en plazas o puestos dependientes de la Administración educativa por la que ingresó en el Cuerpo (pág. 91267, art. 12 a, 2º párr.).

Que ello, en puridad, NO implica obligación alguna de solicitar TODAS las provincias de la Comunidad Autónoma para obtener primer destino definitivo en cualquiera de ellas.

Que, de hecho, en Castilla La Mancha (CLM) y Castilla y León (CyL) NO SE OBLIGA (pág. 2070, apdo. 3.5 y pág. 2077, apdo. 20.1, 4º párr.) a los docentes del Cuerpo de Maestros a solicitar todas las provincias para la obtención del primer destino definitivo sino las que libremente quieran, al menos UNA. Esto es, se intenta no enviar a nadie como (falso) DEFINITIVO allí donde nunca lo será. Y con ello se cierra, en buena medida, el grifo de un despropósito que, de otra forma, acarrearía el desmembramiento de no pocas familias, convocatoria tras convocatoria, como pasa en Andalucía.

Que las dos Castillas, además de "cerrar (en lo buenamente posible) el grifo del despropósito", "achican lo más difícilmente evitable" con el CONCURSILLO para todos los funcionarios definitivos de cualquier Cuerpo docente (1 y 2). De manera que si, a pesar de la medida del párrafo anterior o en ausencia de ella, alguien obtiene lo que le resulta un mal destino, caso de no conseguir mejor plaza en la siguiente convocatoria de concurso de traslados en la que pueda participar, puede acceder de forma provisional a puestos provisionales, a la espera de mejor suerte en sucesivos concursos.

[1] pág. 2083, apdo. 41 de la Resolución de 24/01/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito regional y procesos previos del Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos, dependientes del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/1015], Diario Oficial de Castilla La Mancha, año XXXIII, nº 18, de 28 de enero de 2014.
[2] pág. 2318, base vigésima segunda de la Resolución de 24/01/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito regional entre funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, pertenecientes al ámbito de gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2014/1016], Diario Oficial de Castilla La Mancha, año XXXIII, nº18, de 28 de enero de 2014.

Que, sin embargo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA) nos obliga a solicitar las OCHO provincias andaluzas y se niega a contemplar el concursillo.

Que CyL, la mayor Comunidad Autónoma de España, administra el 18% del territorio nacional y 9 provincias; Andalucía, el 17% y 8 provincias; y CLM, el 16% y 5 provincias [*]. Y siendo Andalucía la segunda, es la ÚNICA de las tres mayores que no ha hecho NADA por sus docentes.

Que de las siguientes CCAA por extensión, aunque a bastante distancia, tanto Aragón (9% y 3) como Extremadura (8% y 2) implementan el concursillo. Esto es, el modelo de gestión del profesorado andaluz es la gran ANOMALÍA del Estado español ya que de las cinco CCAA más extensas del territorio nacional, Andalucía, siendo la segunda, es la ÚNICA que no ha hecho NADA por humanizar un modelo de gestión del personal docente que, frente a la singularidad geográfica de nuestra tierra, se convierte en el más DESPIADADO de todo el territorio nacional.

[*] fuente: http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=154090&L=0

Que nos indigna llegar a saber que, habiéndoles sido cedidas las competencias en materia de Educación no universitaria en 1999 [**], a las dos Castillas les bastaron sólo dos años a CyL --desde 2001 (pág. 15785, convocatoria C, base Duodécima, párr. 2º) [actualización: ahora nos consta que desde el año 2000]-- y tres a CLM --desde 2002 (pág. 15195, convocatoria C, base Undécima, párr. 2º)-- para comenzar a hacerle la vida más fácil a sus docentes, mientras que, teniendo cedidas las competencias educativas desde 1983 [**], dieciséis años antes que las Comunidades castellanas, ANDALUCÍA JAMÁS HA HECHO ABSOLUTAMENTE NADA POR SUS FUNCIONARIOS DE CARRERA PROVISIONALES Y DEFINITIVOS sino condenarnos, a muchos compañeros y compañeras, con total desprecio por nosotros y por nuestros hijos, las principales víctimas de este despropósito.

[**] fuente: Informe del Sistema Educativo Español (2009), Volumen 1

Que en referencia a la medida del concursillo, la Consejería de Educación de CLM manifiesta que «la regulación y puesta en marcha de este procedimiento se enmarca en el objetivo de esta Administración Educativa de MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS, posibilitando la obtención de un destino provisional que responda mejor a las necesidades y preferencias de estos funcionarios y funcionarias, en tanto obtengan un destino definitivo en el concurso general de traslados que satisfaga sus expectativas» (pág. 2302, párr. 4º y 5º).



Que la medida 27 del Paquete de Medidas para la Convergencia Educativa de Andalucía (pág. 375) publicado en el BOPA núm. 413, de 9 de marzo de 2010, expresa la obligación que desde esta fecha se autoimpusieron nuestros representantes y gobernantes de «prestar una ATENCIÓN PRIORITARIA A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES EN QUE EL PROFESORADO REALIZA SU TRABAJO y al estímulo de una creciente CONSIDERACIÓN y RECONOCIMIENTO social de la función docente».



Que a pesar de que castellanos y andaluces coinciden milimétricamente, en su manifiesto propósito, son únicamente nuestros gobernantes quienes no sólo no cumplen sino que contradicen su prédica, desmembrando familias inmisericordemente y omitiendo cualquier esfuerzo por recomponer el daño causado año tras año, convocatoria tras convocatoria.



Y que tras la campaña de sensibilización y la entrega de firmas (os invitamos a seguir firmando), después de poner en conocimiento de Administración y sindicatos todo lo anterior, sólo encontramos, hasta la fecha, indiferencia y silencio respecto a nuestras propuestas, por parte de la Consejería y, sorprendentemente, la resistencia, cuando no burla, de unas organizaciones sindicales que demuestran escaso sentido ético.


La QUEJA

Por todos los hechos relacionados arriba y yendo más allá del inútil lamento por el incumplimiento de un etéreo compromiso político, Otro Concurso Es Posible sostiene que la consideración hacia el profesorado con que otras Comunidades regulan sus concursos de traslados no son medidas graciables sino derecho de los funcionarios docentes y que el actual modelo de concurso de traslados andaluz estaría fuera de la legalidad por no CONJUGAR, siempre y en todo caso, unas OBLIGACIONES funcionariales y unas necesidades del servicio que ni eludimos ni postergamos, con el DERECHO INDIVIDUAL de los funcionarios docentes a la CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. Por tanto, en el ejercicio de las acciones que le son propias, ante el Defensor del Pueblo Andaluz, la asociación andaluza Otro Concurso Es Posible presenta queja de:

Que en la actual convocatoria de concurso de traslados de personal docente de la Educación pública andaluza no universitaria, como de costumbre, la CEJA omite su DEBER de impulsar políticas que favorezcan la CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL, una obligación, la de la Administración andaluza, al tiempo que DERECHO INDIVIDUAL de los empleados públicos que otras CCAA sí consideran. 

Que el citado derecho y obligación también encuentra acomodo en nuestro Estatuto de Autonomía, en cuanto CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, erigido en PRINCIPIO RECTOR (Tít. I, Cap. III, art. 37.1. 11º) de las políticas públicas, de aplicación efectiva, que ha de ser reconocido y protegido, informando la actuación de los poderes públicos (I y II); y en OBJETIVO BÁSICO (Tít. Preliminar, art. 10.3) en virtud del cual el Estatuto de todos los andaluces ordena la adopción de las medidas necesarias para su alcance, entre ellas, la eficacia y la eficiencia de unas actuaciones administrativas (Tít. I, Cap. III, art. 37.1) que, por añadidura, la Ley de Educación de Andalucía también contempla para la CEJA (Tít. I, Cap. II, art. 23.7), Administración ésta cuya omisión señalamos, contrastándola con las actuaciones de sus homólogas.


Que, a mayor abundamiento, nuestro derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar alcanza su mayor rigor y más sólido asiento en el DEBER de PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (III y IV) y de los MENORES --nuestros hijos--, bien jurídico la una y sujetos de derecho los otros, por quienes han de velar los poderes públicos; y en el DEBER nuestro (V, VI y VII) de contribuir a la educación de nuestros hijos, especialmente en la enseñanza obligatoria, siendo así que, en virtud de todo lo referido en este párrafo, el Estatuto de Autonomía establece que estos derechos --también deberes-- vinculan a todos los poderes públicos y particulares, y han de ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad. Y en este sentido, apelando al artículo 39.4 de la CE de 1978, invocamos la Convención sobre los Derechos del Niño --convertida en ley y ratificada por España en 1990--, en concreto, los artículos 9 y 18 respecto a la separación y responsabilidad de padres y madres, donde se manifiesta el derecho del niño a vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño, siendo derecho del niño mantener contacto directo con ambos; así como la responsabilidad primordial de padres y madres en la crianza de los niños, siendo deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. 


Que respecto al deber de protección de la familia que el ordenamiento jurídico impone a los poderes públicos, por último, existe sobrada JURISPRUDENCIA, también en relación con los actos administrativos, concretamente, respecto a los concursos de traslados. En este sentido, es doctrina del Tribunal Constitucional

Que los principios de igualdad por aplicación del art. 23.2º de la CE y el de mérito y capacidad operan con diferente intensidad atendiendo al momento en que deba ser ponderado. Frente a una intensidad absoluta de aplicación en el acceso a la función pública queda autorizada una intensidad moderada en la provisión de puestos de trabajo. El FD cuarto de la STC 14 de octubre de 1991 [17] expresa:
«El precepto actúa no sólo en el momento del acceso a la función pública, sino también durante la vigencia de la relación funcionarial y, por tanto, es aplicable a los actos relativos a la provisión de puestos de trabajo [SSTC 75/1983 (RTC 1983\75), 15/1988 (RTC 1988\15) y 47/1989], aunque es diferente el rigor e intensidad con que operan los principios de mérito y capacidad según se trate del inicial ingreso en la función pública o del ulterior desarrollo o promoción de la propia carrera administrativa, pues en el supuesto de provisión de puestos de trabajo entre personas que ya han accedido a la función pública y, por ende, acreditado los requisitos de mérito y capacidad, cabe tener en cuenta otros criterios distintos enderezados a lograr una mayor eficacia en la organización y prestación de los servicios públicos o a satisfacer otros bienes constitucionalmente protegidos (SSTC 192/1991 y 200/1991)». 
Doctrina reiterada en el ATC de 8 de febrero de 1999 [18] y en las SSTC de 13 de julio de 1998 [19] y 13 de diciembre de 1993 [20].
Que la mayor eficacia en la prestación de los servicios --art. 103.1º de la CE-- o en la protección de otros bienes o intereses públicos vuelve a estar claramente razonada, en la referida Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de octubre de 1991[21], FD cuarto: 
«La desigualdad que en orden a la provisión de vacantes mediante concurso introduce la norma cuestionada se apoya, en efecto, en un derecho específico que encuentra plena justificación y razonabilidad desde la consideración de otros bienes jurídicos, como es la familia, cuya protección social, económica y jurídica debe ser asegurada por los Poderes Públicos (art. 39.1 C.E.), lo que, entre otras manifestaciones, comporta el que éstos favorezcan, eliminando trabas, el cumplimiento del deber de convivencia al que se refiere el art. 68 del Código Civil. E incluso esa justificación y razonabilidad se aprecia, también, teniendo presente el propio mandato constitucional al que están sujetas las Administraciones Públicas de proceder con eficacia en la prestación de los servicios públicos (art. 103.1 C.E.), lo que legitima la adopción de aquellas medidas que tiendan precisamente a que el personal al servicio de las Administraciones Públicas se encuentren en LAS MEJORES CONDICIONES para el desarrollo de la actividad propia de su cargo (…)».

Que la relevancia de la citada jurisprudencia, a nuestro juicio, reside en la ligazón que ella establece entre el interés general y nuestras aspiraciones de conciliación personal, familiar y laboral en cuanto que facilitadora del SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD, abundando en la estrecha relación que entre ambos objetivos también traza el Estatuto de Autonomía de Andalucía al señalar «la prestación de unos servicios públicos de calidad» como PRINCIPIO RECTOR de unas políticas públicas cuya aplicación efectiva debe garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos y deberes reconocidos en el Capítulo II del Título I del Estatuto andaluz aquí invocados y dar alcance a los OBJETIVOS BÁSICOS establecidos en el Título Preliminar, entre los que se encuentra, como ya ha sido mencionado, el de la conciliación laboral y familiar.

Y que siendo el servicio público de calidad principio rector de las políticas públicas y LEITMOTIV de las últimas reformas educativas --LOE, LEA (VIII, IX y X) y LOMCE--, consideramos contrario a dicho principio el uso que la CEJA hace del destino forzoso en los procedimientos de adjudicación de destinos definitivos, uso que las buenas prácticas de otras Administraciones educativas demuestran abusivo e ineficaz --no se da verdadera estabilidad a una plaza adjudicada a la fuerza, acaso al contrario--, sobre ser, como ya se ha expuesto, gravemente lesivo para nuestros derechos de conciliación personal, familiar y laboral y gravemente obstructivo para con el cumplimiento de nuestros deberes familiares, en su caso.

[VIII] Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 26 de diciembre de 2007, núm. 252, Título Preliminar, art. 2.1.
[IX] Ídem, art. 4.1.c.
[X] Ídem, art. 5 b)

Y es por todo lo anterior que a esa Defensoría SOLICITAMOS:

Su intercesión ante los poderes públicos de Andalucía con el propósito de que en las convocatorias de concurso de traslados de los Cuerpos docentes de la Educación pública no universitaria de Andalucía se adopten medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que CONJUGUEN las necesidades del servicio y nuestras obligaciones funcionariales con la efectiva salvaguarda de nuestros derechos y obligaciones constitucionales, de forma similar a como hacen las Comunidades Autónomas de geografía comparable a la nuestra.


PD. Sin dejar de reivindicar el más completo, incluyente, legítimo y estatutario derecho a la conciliación PERSONAL, familiar y laboral, como padres de familia nos resulta descarnante que para cumplir con nuestra obligación de educar a los hijos de este país la Administración andaluza nos obligue inmisericordemente a abandonar a los nuestros por años, sin hacer todo lo que esté en su mano por evitar los destrozos que causa a tantas y tantos de nosotros. Cuánto más tratándose de la Administración educativa, especialmente sensible, como debiera ser, respecto a la primacía del beneficio del menor, nuestros hijos, en este caso, a quienes no se puede exigir ese desproporcionado sacrificio mientras sea completamente gratuito e innecesario.



Otro Concurso Es Posible (Carthago delenda est)