miércoles, 9 de diciembre de 2015

CONCILIACIÓN

Permitidme usar la plataforma asociativa en primera persona para contar el desayuno más reconfortante que recuerde en mucho tiempo. Haberse levantado, como de costumbre, a las cinco y media de la mañana, era lo de menos; caían en saco roto los 150 km de tren; en la mella me metía los 20 km de coche que tenía por delante y olvidaba de golpe que me esperaba simétrica odisea a las dos de la tarde, después de la jornada escolar porque, en un bar cercano a Santa Justa, me aplicaba con un café con leche, media con aceite de oliva... ¡¡y una de CONCILIACIÓN!!

Hubo que echar coraje al disculparse para pedir silencio a las escasas personas que a las siete y media de la mañana tenían voz suficiente como para sofocar la del reportero que aparecía en televisión, micro en ristre. ¡Oía bien! La juez titular de un Juzgado de lo Social de Madrid daba la razón a un padre que pedía entrar más tarde al trabajo para poder llevar a su hijo al colegio, anteponiendo el derecho de la familia al de la organización de la empresa.

La sentencia supone «una conciliación nada conciliada con su empresa sino arrancada a pulso en los juzgados (...) también contra las denegaciones habituales [a] muchos empleados públicos (...). La juez argumenta la prevalencia de la "protección de la familia" sobre las "dificultades organizativas" del trabajo»El fallo es firme y no admite recurso y aunque no sienta jurisprudencia, «sí puede marcar un camino a otros jueces en litigios de funcionarios que reclamen una flexibilización (...)».

Cuatro años ─se dice pronto─ lleva Otro Concurso Es Posible partiéndose el lomo por nuestros derechos conciliatorios. Insistimos al Defensor del Pueblo. Y tocamos el cielo ─oh, ingenuos─ cuando nos dio la razón afirmando, entre otras cosas, lo siguiente:

«Después de más de treinta años desde que Andalucía asumiera las competencias en materia de Educación, persisten las dificultades para que los funcionarios del Cuerpo de Maestros elijan libremente la provincia o provincias por las que obtener su primer destino definitivo y, la Administración, no adopta medida –en la regulación del concurso- que considere la singularidad geográfica andaluza por cuanto, a nuestro entender, el actual modelo de concurso de traslados andaluz, respecto al colectivo que aquí tratamos, no conjuga las obligaciones funcionariales y las necesidades del servicio, con el derecho individual de los funcionarios docentes a la conciliación personal, familiar y laboral, al tiempo de que se omite el impulso de políticas que favorezcan esta conciliación; una obligación para la Administración andaluza, al mismo tiempo que derecho individual de los empleados públicos».
Reconvertimos nuestros argumentos en una Iniciativa Legislativa Popular para la modificación de la Ley de Educación de Andalucía, iniciativa que murió ante la falta de colaboración de todas y cada una de las organizaciones de todo el arco sindical andaluz de la Educación pública no universitaria. Ellas solas se retrataron. Sangrante resulta ver que detrás de la sentencia de la noticia está CSI-F. Por supuesto que NO el sector de Educación de CSI-F, ese que se opone o no hace nada por la libre elección de provincia para primer destino definitivo en Andalucía. Y es que en esta tierra nuestra, de esa panda sindical, no se salva ni el apuntador.

Pero es ahora cuando nuestros argumentos cobran brío, al rebufo de la sentencia de la juez Patricia Navas. Y ahora, más que nunca, tenemos claro que el concursillo no es más que un parche que no pretende solucionar sino enquistar el problema de nuestra conciliación personal, familiar y laboral desde el momento en que no va precedido de la libre elección de provincia para primer destino definitivo además de estar acompañado por la extensión de las comisiones de servicio al supuesto de cuidado de hijo menor y por cualesquiera otras medidas que, mejorando la gestión del profesorado, den solución a todos y cada uno de los problemas conciliatorios que puedan existir entre el personal docente a cargo de la Consejería de Educación.

Es por esto que Otro Concurso Es Posible no entra en el juego de si 50 km más acá o más allá, si estos delante de aquellos, o si tras cero, cuatro o seis años en el destino definitivo. PORQUE EL CONCURSILLO SERÁ UN PROCEDIMIENTO QUE DARÁ SOLUCIÓN A MUY POCOS —por tener la consideración de comisión de servicio y tener estas, por ley, carácter excepcional— Y DEMASIADO TARDE, cuando el daño ya está hecho.

Pero es que, además, la CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL, aún más allá de la PERSONAL, es un IRRENUNCIABLE DERECHO, NUESTRO Y DE NUESTROS HIJOS, que ha de alcanzar a TODOS y que NO PUEDE EJERCERSE EN COMPETENCIA CON NUESTROS IGUALES, funcionarios interinos y de carrera, beneficiarios todos del mismo derecho.

Es necesario un FRENTE COMÚN para forzar a la Administración a dar SOLUCIONES PARA TODOS. Porque, como dice la sentencia madrileña, «EL DERECHO DE las FAMILIAS ESTÁ POR ENCIMA DE LAS DIFICULTADES (DES)ORGANIZATIVAS DE LA EMPRESA». Que comiencen a organizarse.

Y empecemos nosotros a entender que la obligación constitucional de la Administración, junto al resto de poderes públicos, por la PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MENOR ─nuestros hijos─ y de GARANTIZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE NUESTRAS FAMILIAS así como su compromiso por LA MEJORA DE LAS CONDICIONES en las que realizamos nuestro trabajo (LOE y LEA) LES PONE A NUESTROS PIES, NO AL CONTRARIO.



Otro Concurso Es Posible... y otra gestión, también (Carthago delenda est)